TESIS I
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA COMO GARANTE DE LA JUSTICIA DEMOCRÁTICA
La construcción de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho pasa por la construcción de una justicia democrática (pública, transparente, eficaz, accesible, pronta e igualitaria).
Un modelo de justicia democrática tiene como uno de sus sujetos protagónicos a la Fiscalía General de la República, la cual debe garantizar no sólo la legalidad formal del proceso, sino también el justo equilibrio entre los derechos del imputado y los de la víctima.
TESIS II
EL PAPEL CONSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Art. 193 Cn.
Para evaluar y proyectar el trabajo de la Fiscalía General de la República se debe partir de su papel constitucional específico como operador de la Administración de Justicia, la cual es un sistema de responsabilidad compartida, cuyo eficaz funcionamiento depende de la forma y medida en que se coordinen los roles de cada uno de los sujetos que participa en la misma; el papel y responsabilidad fundamentales de la Fiscalía General de la República se ubica en la promoción de la acción penal pública y en la investigación y persecución del delito.
TESIS III
LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL COMBATE A LA DELINCUENCIA.
En el combate a la delincuencia hay que diferenciar tres funciones: punitiva, disuasiva y preventiva.
El papel de la Fiscalía General de la República se ubica principalmente en el castigo del delito real y disuasión del delito potencial; pero en cuanto a la prevención, corresponde la responsabilidad a otros organismos del Estado. Una sociedad y una justicia democráticas sólo pueden construirse apostándole a una visión estratégica de prevención del delito, la cual involucra la consideración de factores más allá de lo jurídico; esta visión también debe ser acompañada de medidas a corto y mediano plazo de carácter punitivo y disuasivo.
TESIS IV
LOS FACTORES DEL COMBATE A LA DELINCUENCIA
En el combate inmediato y mediato a la delincuencia intervienen factores de carácter legal, institucional y cultural. El papel de la Fiscalía General de la República esta condicionado por estos tres factores; la apuesta unilateral a una reforma legal como medida determinante para combatir el delito, desfocaliza los aspectos institucional y cultural que son los decisivos a largo plazo.
TESIS V
LAS POLITICAS DE COMBATE A LA DELINCUENCIA
Una estrategia de combate a la delincuencia implica la integración de tres políticas que deben ser consideradas como un asunto de Estado (de interés nacional por encima de los relevos gubernamentales).
1) Política criminal (que ponga énfasis en la tipificación y penalización de las conductas dañosas de mayor impacto social)
2) Política de seguridad pública (que ponga énfasis en la disuasión y prevención del delito).
3) Política penitenciaria (que ponga énfasis en la resocialización del delincuente).
TESIS VI
LA DIFERENCIACIÓN DEL TIPO DE DELINCUENCIA COMO ASUNTO BASICO.
La estrategia de combate a la delincuencia debe de partir de una diferenciación de los tipos de delincuencia; lo cual nos lleva a tratamientos distintos en cuanto a su investigación y castigo.
Diferenciar el delito de sobrevivencia (de raíces socioeconómicas), que es el mayoritario, el delito patológico (de raíces psicosociales vinculadas al conflicto armado), y el delito circunstancial, de otros como el delito organizado y el delito institucionalizado, nos lleva a formas distintas de tratamiento y a requisitos también distintos para lograr la eficacia de la Administración de Justicia y particularmente de la Fiscalía General de la República.
Las posibilidades del combate al delito organizado y al institucionalizado requieren de una voluntad política y apoyo de la sociedad civil, los cuales no dependen de la Fiscalía General de la República.
TESIS VII
LOS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Los obstáculos que enfrenta la Fiscalía General de la República para cumplir eficazmente su papel constitucional se ubican principalmente en tres campos:
1) La coordinación con los otros operadores de la Administración de Justicia.
2) La capacitación y la formación de los fiscales (tanto técnica como dogmática).
3) El apoyo logístico.
La coordinación pasa por la necesidad de que la Fiscalía General de la República asuma responsablemente la dirección funcional de la Policía Nacional Civil; para ello se requiere la capacitación técnica y científica de ambos sujetos, pero también que el segundo supere la resistencia a aceptar esa dirección.
Ha existido avance en la coordinación en los niveles superiores e intermedios de los operadores de la Administración de Justicia; la debilidad principal radica en el nivel operativo entre fiscales, policías y jueces.
La capacitación de los fiscales y de los demás operadores de justicia se ha centrado en el aspecto técnico del manejo de la oralidad, pero el énfasis debe trasladarse al aspecto doctrinario y dogmático que es donde se advierten las principales carencias.
La capacitación técnica y especializada en cuanto a la investigación del delito debe ser acompañada de una fuerte formación dogmática que llene los vacíos originados en las aulas universitarias.
TESIS VIII
LA INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA Y LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LOS FISCALES.
La necesaria coordinación con los restantes operadores de la Administración de Justicia debe ser acompañada de un fortalecimiento de la independencia externa de la Fiscalía respecto a otros órganos del Estado y de cualquier otro factor de poder que pueda distorsionar el cumplimiento de su función constitucional; a nivel interno, la representación y mandato que los agentes fiscales ejercen en nombre del Fiscal General deben estar subordinados al cumplimiento de la Ley y al respeto a la Constitución de la República.
Estos márgenes de discrecionalidad en la actuación de los Fiscales exigen que se les garanticen estabilidad y promoción en el cargo con base en méritos de tiempo, estudio y trabajo; también exigen la creación de mecanismos internos que tutelen eficazmente sus derechos y que permitan dirimir imparcialmente los conflictos internos que se susciten en el ejercicio de su función (por ejemplo, la creación de un Tribunal de la Carrera y la Justicia Fiscal).
TESIS IX
EL FACTOR PERSONAL EN LA EFICACIA DE LA FISCALÍA.
La eficacia de la Fiscalía General de la República depende también del factor personal, donde el estímulo e incentivos a los fiscales juegan un papel fundamental. En este plano deben considerarse como medidas de primer orden la creación de la Carrera Fiscal, del Escalafón Fiscal y de la Escuela de Capacitación Fiscal.
TESIS X
EL RETO DE LA FISCALÍA PARA UN NUEVO EL SALVADOR
El principal reto de la Fiscalía General de la República consiste en convertirse en el promotor y contralor de una justicia democrática, lo cual implica transformaciones legales, institucionales y culturales internas a la misma; pero estas transformaciones deben afectar a todos los operadores de la Administración de Justicia, a efecto de que cada quien asuma en forma responsable el papel que les compete en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho.
Francisco Eliseo Ortiz Ruiz
San Salvador, febrero 2009.-
lunes, 2 de marzo de 2009
lunes, 23 de febrero de 2009
LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Una oportunidad para avanzar en la democratización de la Administración de Justicia en El Salvador.
La Corte Suprema de Justicia y, en general, el Órgano Judicial son de las instituciones del Estado peor evaluadas por la opinión pública. Esta percepción negativa tiene su base objetiva en la existencia de problemas de larga data y que el proceso de modernización judicial, que arranca con la Constitución de 1983 y que se dinamiza con los Acuerdos de Paz de 1992, aún no logra superar.
La renovación de la tercera parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2009-2018 y cuya elección por la Asamblea Legislativa tendrá que hacerse antes del 30 de junio de este año, es una valiosa oportunidad para que los abogados de la República contribuyan a la solución de esos problemas, pues les corresponde elegir quince de los treinta candidatos a proponer y dentro de los cuales, junto con los otros quince que designará directamente el Consejo Nacional de la Judicatura, ese Órgano deberá escoger por votación calificada a cinco Magistrados propietarios y a cinco suplentes, quienes deberían ser las personas más calificadas jurídica y éticamente para ocupar con dignidad la máxima judicatura.
La Corte Suprema de Justicia y en lo particular los nuevos Magistrados, deberán comprometerse a enfrentar con valentía, por lo menos, seis retos que, según nuestro criterio, expresan carencias injustificables de la Administración de Justicia y que hacen de ésta un servicio público poco eficiente y confiable. Estos retos son:
1.- Recuperar la independencia judicial, especialmente la externa, entendida como un derecho del justiciable y la base de la imparcialidad del Juez, que en los últimos años ha sido reducida considerablemente por la intromisión del Órgano Ejecutivo y de poderes fácticos como el económico y el mediático.
2.- Combatir el trafico de influencias y aquellas otras conductas que afectan la probidad de los Jueces y Magistrados y que terminan por lesionar la imparcialidad judicial y la igualdad ante la ley y la justicia, lo mismo que los intereses legítimos de los abogados litigantes que actúan conforme a Derecho y ejercen su profesión de manera honesta.
3. Garantizar el acceso a una pronta y cumplida justicia. Esto exigirá acercar este servicio a todos los habitantes de la República en áreas como la agroambiental y la contencioso administrativa, creando los tribunales competentes; también demandará aprobar la Ley Procesal Constitucional, eliminar la mora judicial en áreas como la civil y la mercantil y en materia de casación penal y civil; asimismo redistribuir la competencia territorial de los diferentes tribunales; y asegurar el estricto cumplimiento de los plazos procesales.
4.- Garantizar la igualdad ante la justicia; para ello se hace indispensable eliminar las diferenciaciones arbitrarias o no razonables y los tratamientos preferenciales debido a influencias políticas, dádivas económicas, amistad, vínculos familiares y otros criterios similares.
5.- Garantizar la probidad, imparcialidad y consistencia jurídica de los fallos pronunciados por las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se debe expresar en su debida fundamentación y en su apego a la Constitución y a la Ley.
6.- Crear un escalafón judicial y administrativo para Magistrados, Jueces, Colaboradores y empleados en general, con base en méritos de tiempo, trabajo y estudio, para evitar que la promoción del personal tenga como base el amiguismo y el tráfico de influencias, lo cual, como es obvio, socava la independencia judicial y la eficiencia en la prestación del servicio de justicia.
De la envergadura de los retos anteriores puede deducirse con facilidad el perfil del profesional del Derecho que deberá ser electo para ocupar tan honroso y delicado cargo. Este perfil debe comprender los requisitos que exige el Art. 176 Cn., así como otros que se derivan de la naturaleza de la función jurisdiccional; el cumplimiento de los requisitos de “moralidad y competencia notorias” deben establecerse mediante indicadores verificables, de tal manera de que no quede mayor duda de que el candidato o candidata los reúne efectivamente. El perfil exigible debe comprender los siguientes rubros:
* La competencia jurídica:
- Estudios y formación (especialmente en áreas como la constitucional y los derechos humanos)
- Experiencia judicial
- Historial académico
* La proyección profesional:
- Conferencias dictadas ( sobre temas jurídicos y afines )
- Publicaciones (libros, artículos, etc.)
- Docencia superior ( cursos, seminarios, etc.)
*Independencia e Imparcialidad:
- Record judicial
- Ejecutorias y actuaciones públicas
- Declaraciones públicas
- Equilibrio emocional
- Entereza de ánimo
- Independencia de criterio
- Compromisos profesionales
- Compromisos partidarios
* Probidad:
- Record judicial
- Record profesional
- Record fiscal
- Record familiar
- Vida pública y privada
- Antecedentes judiciales y policiales
Francisco Eliseo Ortiz Ruiz
La Corte Suprema de Justicia y, en general, el Órgano Judicial son de las instituciones del Estado peor evaluadas por la opinión pública. Esta percepción negativa tiene su base objetiva en la existencia de problemas de larga data y que el proceso de modernización judicial, que arranca con la Constitución de 1983 y que se dinamiza con los Acuerdos de Paz de 1992, aún no logra superar.
La renovación de la tercera parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2009-2018 y cuya elección por la Asamblea Legislativa tendrá que hacerse antes del 30 de junio de este año, es una valiosa oportunidad para que los abogados de la República contribuyan a la solución de esos problemas, pues les corresponde elegir quince de los treinta candidatos a proponer y dentro de los cuales, junto con los otros quince que designará directamente el Consejo Nacional de la Judicatura, ese Órgano deberá escoger por votación calificada a cinco Magistrados propietarios y a cinco suplentes, quienes deberían ser las personas más calificadas jurídica y éticamente para ocupar con dignidad la máxima judicatura.
La Corte Suprema de Justicia y en lo particular los nuevos Magistrados, deberán comprometerse a enfrentar con valentía, por lo menos, seis retos que, según nuestro criterio, expresan carencias injustificables de la Administración de Justicia y que hacen de ésta un servicio público poco eficiente y confiable. Estos retos son:
1.- Recuperar la independencia judicial, especialmente la externa, entendida como un derecho del justiciable y la base de la imparcialidad del Juez, que en los últimos años ha sido reducida considerablemente por la intromisión del Órgano Ejecutivo y de poderes fácticos como el económico y el mediático.
2.- Combatir el trafico de influencias y aquellas otras conductas que afectan la probidad de los Jueces y Magistrados y que terminan por lesionar la imparcialidad judicial y la igualdad ante la ley y la justicia, lo mismo que los intereses legítimos de los abogados litigantes que actúan conforme a Derecho y ejercen su profesión de manera honesta.
3. Garantizar el acceso a una pronta y cumplida justicia. Esto exigirá acercar este servicio a todos los habitantes de la República en áreas como la agroambiental y la contencioso administrativa, creando los tribunales competentes; también demandará aprobar la Ley Procesal Constitucional, eliminar la mora judicial en áreas como la civil y la mercantil y en materia de casación penal y civil; asimismo redistribuir la competencia territorial de los diferentes tribunales; y asegurar el estricto cumplimiento de los plazos procesales.
4.- Garantizar la igualdad ante la justicia; para ello se hace indispensable eliminar las diferenciaciones arbitrarias o no razonables y los tratamientos preferenciales debido a influencias políticas, dádivas económicas, amistad, vínculos familiares y otros criterios similares.
5.- Garantizar la probidad, imparcialidad y consistencia jurídica de los fallos pronunciados por las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se debe expresar en su debida fundamentación y en su apego a la Constitución y a la Ley.
6.- Crear un escalafón judicial y administrativo para Magistrados, Jueces, Colaboradores y empleados en general, con base en méritos de tiempo, trabajo y estudio, para evitar que la promoción del personal tenga como base el amiguismo y el tráfico de influencias, lo cual, como es obvio, socava la independencia judicial y la eficiencia en la prestación del servicio de justicia.
De la envergadura de los retos anteriores puede deducirse con facilidad el perfil del profesional del Derecho que deberá ser electo para ocupar tan honroso y delicado cargo. Este perfil debe comprender los requisitos que exige el Art. 176 Cn., así como otros que se derivan de la naturaleza de la función jurisdiccional; el cumplimiento de los requisitos de “moralidad y competencia notorias” deben establecerse mediante indicadores verificables, de tal manera de que no quede mayor duda de que el candidato o candidata los reúne efectivamente. El perfil exigible debe comprender los siguientes rubros:
* La competencia jurídica:
- Estudios y formación (especialmente en áreas como la constitucional y los derechos humanos)
- Experiencia judicial
- Historial académico
* La proyección profesional:
- Conferencias dictadas ( sobre temas jurídicos y afines )
- Publicaciones (libros, artículos, etc.)
- Docencia superior ( cursos, seminarios, etc.)
*Independencia e Imparcialidad:
- Record judicial
- Ejecutorias y actuaciones públicas
- Declaraciones públicas
- Equilibrio emocional
- Entereza de ánimo
- Independencia de criterio
- Compromisos profesionales
- Compromisos partidarios
* Probidad:
- Record judicial
- Record profesional
- Record fiscal
- Record familiar
- Vida pública y privada
- Antecedentes judiciales y policiales
Francisco Eliseo Ortiz Ruiz
domingo, 15 de febrero de 2009
LAS AMENAZAS Y DEBILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LOS RETOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Con relación de la próxima elección por la Asamblea Legislativa de la tercera parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para el período 2009-2010, es oportuno reflexionar sobre cual es la situación actual de la administración de justicia en El Salvador y los retos a que se enfrentan quienes ocupen tan alto cargo; esto con el propósito de que tal elección se base en criterios como la capacidad jurídica, la probidad y otros que se hace imperativo priorizar si se quiere contar con autoridades judiciales que puedan afrontar con posibilidades de éxitos y remover los obstáculos que se oponen a la existencia de un modelo de justicia democrática y un Estado Constitucional de Derecho.
La administración de justicia del país presenta una serie de debilidades (que en algunos casos constituye retrocesos en relación a los avances habidos a partir 1991-1992) y la acechan varios peligros, que constituyen verdaderos retos para la Corte Suprema de Justicia, como primer tribunal de la República y organismo rector de una función estatal, así como a los Magistrados en particular en su calidad de máximas autoridades judiciales; tales debilidades y peligros ponen a prueba su capacidad (jurídica, política y ética) para incidir en el rumbo que tomará la sociedad salvadoreña en el futuro inmediato, el cual se debate en una disyuntiva: se consolida la tendencia hacia una gobernabilidad autoritaria o se retomará el rumbo hacia una gobernabilidad democrática; entre ambas posibilidades sólo se encuentra el vacío institucional y el conflicto social abierto. Algunos de esos retos se derivaron de problemas estructurales del Órgano Judicial y del servicio de justicia en general (mora judicial, impunidad, corrupción, etc.) otros tienen que ver con una situación coyuntural que puede volverse la forma normal de ejercicio de poder político por el Órgano Ejecutivo, que nos está conduciendo a una forma autoritaria de Estado, no obstante las ritualidades electorales y la realidad mediática que se proyecta de una relación democrática entre gobernantes y gobernados.
¿Cuáles son esos retos?
Frente a la Sociedad Salvadoreña las principales serían:
Ø Respetar y garantizar la independencia de los jueces; tutelar y defender la independencia judicial frente a las interferencias externas; es decir, preservar y fortalecer la independencia frente a los otros órganos de gobierno y a los poderes fácticos (económicos, políticos, mediáticos, etc.)
Ø Desde su especificidad y competencia funcional, convertirse en la realidad en el principal garante del Estado Constitucional de Derecho.
Ø Contribuir a restablecer la seguridad jurídica (objetiva y subjetiva) mediante el impulso de un proceso de revisión y organización de la legislación administrativa judicial (Código Judicial); promover la aprobación de una Ley General de Procedimientos Administrativos.
Ø Con sus resoluciones, garantizar la vigencia efectividad del principio de legalidad en la actuación de los funcionarios público mediante la creación los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Ø Ser un ejemplo para los ciudadanos de legalidad, ética, transparencia y probidad en la Administración de Justicia.
Ø Ser un eficaz contralor del ejercicio arbitrario del poder político y del respeto irrestricto de la Constitución de parte de los funcionarios públicos (a través de la justicia constitucional)
Ø Impulsar la consolidación y defender del modelo de justicia____ (adversativo) lograr la aprobación legislativa del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, Ley de Justicia Constitucional, etc.
Frente a los Jueces, los principales serían:
Ø Respetar y garantizar la independencia interna y la defensa y tutela de la independencia judicial ante las acechanzas e interferencias externas.
Ø En caso de supuestas faltas cometidas en el ejercicio del cargo, garantizar una investigación judicial imparcial, pronta y transparente. Crear un tribunal disciplinario autónomo formado por jueces profesionales.
Ø Crear un escalafón para hacer efectiva la carrera judicial.
Ø Promover y propiciar la formación y capacitación jurídica (actualización, especialización, etc.) de los jueces y otros operadores judiciales; establecer para ello canales de colaboración con el Consejo Nacional de la Judicatura; transparentar y volver equitativo el acceso a becas, cursos cortos, etc.
Frente a los usuarios y justiciables, los principales serían:
Ø Garantizar la independencia e imparcialidad judicial
Ø Garantizar una justicia accesible y pronta, solucionar el problema de la mora judicial (en materia de casación, inconstitucionalidad, contenciosa administrativa, etc.)
Ø Garantizar una justicia igualitaria y apegada a Derecho.
Frente al Gremio de Abogados, los principales serían:
Ø Independencia de criterio y actuación: resoluciones imparciales apegadas a la Constitución y a la Ley.
Ø Pronta y cumplida justicia; cumplimiento de los plazos procesales; resoluciones fundamentadas y apegadas a la justicia.
Ø Promover la defensa del trabajo frente a la competencia profesional desleal provenientes del exterior como resultado del proceso de globalización económica.
Ø Constitucionalización de la investigación profesional de los Abogados, a fin de que sea respetuosa del debido proceso y garantía de imparcialidad en las resoluciones; para ello se creará un tribunal independiente que conozca de las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de la abogacía y el notariado.
Frente a los trabajadores administrativos, los principales serían:
Ø Comunicación y consulta permanente sobre asuntos y decisión en que puedan afectar los intereses de los trabajadores.
Ø Solución negociada de los conflictos laborales; para ello se crearán los espacios institucionales necesarios.
Ø Participación en la toma y ejecución de decisiones que puedan afectar derechos e intereses de los trabajadores.
Ø Respeto a la estabilidad en el empleo.
Ø Impulso a la carrera y al escalafón administrativo
Ø Respeto al derecho de organización gremial y apoyo a aquellas iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo.
Frente a otros operadores de la administración de justicia (Fiscalía, PNC, etc.), los principales serían:
Ø Promover una colaboración funcional que no viole la independencia institucional
Ø Respeto a la independencia institucional
Ø Intercambio permanente y oportuno de información.
Frente a las instituciones académicas formadores de abogados, los principales serían:
Ø Establecer canales de colaboración e intercambio académico encaminados a mejorar la calidad profesional de los egresados de Derecho.
Ø Promover el debate público sobre temas jurídicos de interés nacional.
Ø Abrir espacios institucionales para la práctica jurídica y el servicio social.
¿Cómo podría resumirse el perfil del Magistrado a elegir para que pueda afrontar con eficacia tales retos?
Consideremos que tal autoridad judicial deberá reunir las siguientes características:
COMPETENTE
Conocedor de la Carrera Jurídica y con experiencia en su aplicación, especialmente en ramas como el Derecho Constitucional, Derechos de los Derechos Humanos, Derechos Penal y Procesal Penal, etc.
DECENTE
Incorruptible y una trayectoria personal y profesional proba y transparente.
INDEPENDIENTE
Sin vínculos con el poder económico, político y mediático que hagan presumir que no actuarán con imparcialidad y con apego a la Constitución, a la ley y a la ética pública.
VALIENTE
Con la entereza y la convicción suficientes para no sucumbir ante las amenazas, la presión y los halagos de los otros poderes públicos y de los poderes fácticos privados; moralmente capaz de actuar siempre de acuerdo a su conciencia, sin importar las consecuencias de sus actuaciones.
PRUDENTE
Para hacer un uso ponderado y equilibrado del poder que ostentará; enemigo de la arbitrariedad y al servicio del bien común; respetuoso de la dignidad de las personas.
La administración de justicia del país presenta una serie de debilidades (que en algunos casos constituye retrocesos en relación a los avances habidos a partir 1991-1992) y la acechan varios peligros, que constituyen verdaderos retos para la Corte Suprema de Justicia, como primer tribunal de la República y organismo rector de una función estatal, así como a los Magistrados en particular en su calidad de máximas autoridades judiciales; tales debilidades y peligros ponen a prueba su capacidad (jurídica, política y ética) para incidir en el rumbo que tomará la sociedad salvadoreña en el futuro inmediato, el cual se debate en una disyuntiva: se consolida la tendencia hacia una gobernabilidad autoritaria o se retomará el rumbo hacia una gobernabilidad democrática; entre ambas posibilidades sólo se encuentra el vacío institucional y el conflicto social abierto. Algunos de esos retos se derivaron de problemas estructurales del Órgano Judicial y del servicio de justicia en general (mora judicial, impunidad, corrupción, etc.) otros tienen que ver con una situación coyuntural que puede volverse la forma normal de ejercicio de poder político por el Órgano Ejecutivo, que nos está conduciendo a una forma autoritaria de Estado, no obstante las ritualidades electorales y la realidad mediática que se proyecta de una relación democrática entre gobernantes y gobernados.
¿Cuáles son esos retos?
Frente a la Sociedad Salvadoreña las principales serían:
Ø Respetar y garantizar la independencia de los jueces; tutelar y defender la independencia judicial frente a las interferencias externas; es decir, preservar y fortalecer la independencia frente a los otros órganos de gobierno y a los poderes fácticos (económicos, políticos, mediáticos, etc.)
Ø Desde su especificidad y competencia funcional, convertirse en la realidad en el principal garante del Estado Constitucional de Derecho.
Ø Contribuir a restablecer la seguridad jurídica (objetiva y subjetiva) mediante el impulso de un proceso de revisión y organización de la legislación administrativa judicial (Código Judicial); promover la aprobación de una Ley General de Procedimientos Administrativos.
Ø Con sus resoluciones, garantizar la vigencia efectividad del principio de legalidad en la actuación de los funcionarios público mediante la creación los tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Ø Ser un ejemplo para los ciudadanos de legalidad, ética, transparencia y probidad en la Administración de Justicia.
Ø Ser un eficaz contralor del ejercicio arbitrario del poder político y del respeto irrestricto de la Constitución de parte de los funcionarios públicos (a través de la justicia constitucional)
Ø Impulsar la consolidación y defender del modelo de justicia____ (adversativo) lograr la aprobación legislativa del Código de Procedimientos Civiles y Mercantiles, Ley de Justicia Constitucional, etc.
Frente a los Jueces, los principales serían:
Ø Respetar y garantizar la independencia interna y la defensa y tutela de la independencia judicial ante las acechanzas e interferencias externas.
Ø En caso de supuestas faltas cometidas en el ejercicio del cargo, garantizar una investigación judicial imparcial, pronta y transparente. Crear un tribunal disciplinario autónomo formado por jueces profesionales.
Ø Crear un escalafón para hacer efectiva la carrera judicial.
Ø Promover y propiciar la formación y capacitación jurídica (actualización, especialización, etc.) de los jueces y otros operadores judiciales; establecer para ello canales de colaboración con el Consejo Nacional de la Judicatura; transparentar y volver equitativo el acceso a becas, cursos cortos, etc.
Frente a los usuarios y justiciables, los principales serían:
Ø Garantizar la independencia e imparcialidad judicial
Ø Garantizar una justicia accesible y pronta, solucionar el problema de la mora judicial (en materia de casación, inconstitucionalidad, contenciosa administrativa, etc.)
Ø Garantizar una justicia igualitaria y apegada a Derecho.
Frente al Gremio de Abogados, los principales serían:
Ø Independencia de criterio y actuación: resoluciones imparciales apegadas a la Constitución y a la Ley.
Ø Pronta y cumplida justicia; cumplimiento de los plazos procesales; resoluciones fundamentadas y apegadas a la justicia.
Ø Promover la defensa del trabajo frente a la competencia profesional desleal provenientes del exterior como resultado del proceso de globalización económica.
Ø Constitucionalización de la investigación profesional de los Abogados, a fin de que sea respetuosa del debido proceso y garantía de imparcialidad en las resoluciones; para ello se creará un tribunal independiente que conozca de las supuestas faltas cometidas en el ejercicio de la abogacía y el notariado.
Frente a los trabajadores administrativos, los principales serían:
Ø Comunicación y consulta permanente sobre asuntos y decisión en que puedan afectar los intereses de los trabajadores.
Ø Solución negociada de los conflictos laborales; para ello se crearán los espacios institucionales necesarios.
Ø Participación en la toma y ejecución de decisiones que puedan afectar derechos e intereses de los trabajadores.
Ø Respeto a la estabilidad en el empleo.
Ø Impulso a la carrera y al escalafón administrativo
Ø Respeto al derecho de organización gremial y apoyo a aquellas iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo.
Frente a otros operadores de la administración de justicia (Fiscalía, PNC, etc.), los principales serían:
Ø Promover una colaboración funcional que no viole la independencia institucional
Ø Respeto a la independencia institucional
Ø Intercambio permanente y oportuno de información.
Frente a las instituciones académicas formadores de abogados, los principales serían:
Ø Establecer canales de colaboración e intercambio académico encaminados a mejorar la calidad profesional de los egresados de Derecho.
Ø Promover el debate público sobre temas jurídicos de interés nacional.
Ø Abrir espacios institucionales para la práctica jurídica y el servicio social.
¿Cómo podría resumirse el perfil del Magistrado a elegir para que pueda afrontar con eficacia tales retos?
Consideremos que tal autoridad judicial deberá reunir las siguientes características:
COMPETENTE
Conocedor de la Carrera Jurídica y con experiencia en su aplicación, especialmente en ramas como el Derecho Constitucional, Derechos de los Derechos Humanos, Derechos Penal y Procesal Penal, etc.
DECENTE
Incorruptible y una trayectoria personal y profesional proba y transparente.
INDEPENDIENTE
Sin vínculos con el poder económico, político y mediático que hagan presumir que no actuarán con imparcialidad y con apego a la Constitución, a la ley y a la ética pública.
VALIENTE
Con la entereza y la convicción suficientes para no sucumbir ante las amenazas, la presión y los halagos de los otros poderes públicos y de los poderes fácticos privados; moralmente capaz de actuar siempre de acuerdo a su conciencia, sin importar las consecuencias de sus actuaciones.
PRUDENTE
Para hacer un uso ponderado y equilibrado del poder que ostentará; enemigo de la arbitrariedad y al servicio del bien común; respetuoso de la dignidad de las personas.
lunes, 9 de febrero de 2009
ESTUDIOS Y CONOCIMIENTOS
ESTUDIOS REALIZADOS
GRADO ACADEMICO Y TITULO Licenciado en Ciencias Jurídicas
Universidad de El Salvador
FECHA DE GRADUACION Septiembre de 1976
PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA Escuela Normal “Alberto Masferrer”, 1964
CURSOS METODOLOGICOS *Metodología de la Investigación Jurídica
*Metodología de la Capacitación Profesional
*Metodología de Análisis Político y Diseño Estratégico
*Metodología de Evaluación y Diseño
Curricular
CURSOS JURIDICOS *Derecho Constitucional
*Derecho Penal
*Derecho Procesal Penal
*Derecho del Medio Ambiente
*Derecho Procesal Civil
*Oralidad Forense
*Los Recursos en Materia Penal
OTROS CONOCIMIENTOS
*Teoría del Estado
*Sociología Jurídica
* Ciencia Política
*Metodología de Análisis Jurídico
*Evaluación y Diagnóstico Institucional
GRADO ACADEMICO Y TITULO Licenciado en Ciencias Jurídicas
Universidad de El Salvador
FECHA DE GRADUACION Septiembre de 1976
PROFESOR DE EDUCACION PRIMARIA Escuela Normal “Alberto Masferrer”, 1964
CURSOS METODOLOGICOS *Metodología de la Investigación Jurídica
*Metodología de la Capacitación Profesional
*Metodología de Análisis Político y Diseño Estratégico
*Metodología de Evaluación y Diseño
Curricular
CURSOS JURIDICOS *Derecho Constitucional
*Derecho Penal
*Derecho Procesal Penal
*Derecho del Medio Ambiente
*Derecho Procesal Civil
*Oralidad Forense
*Los Recursos en Materia Penal
OTROS CONOCIMIENTOS
*Teoría del Estado
*Sociología Jurídica
* Ciencia Política
*Metodología de Análisis Jurídico
*Evaluación y Diagnóstico Institucional
VIDA
HOJA MINIMA DE VIDA
FRANCISCO ELISEO ORTIZ RUIZ
Sonsonate, 10 de enero de 1945
Domicilio: Mejicanos, San Salvador
Cargo actual: Primer Magistrado, Cámara de la
Segunda Sección de Occidente, Sonsonate
¿Quién es?:
* Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador, 1976
* Abogado y Notario
* Catedrático de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador
Materias:
Ciencia Política
Teoría del Estado
* Asesor de Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador
Áreas:
Derecho Constitucional
Derecho Procesal Constitucional
Derecho Penal
Derecho Procesal Penal
¿Cuál es su experiencia judicial?
* Juez de Primera Instancia, Armenia, Sonsonate (1995-1998)
* Presidente del Tribunal de Sentencia, Zacatecoluca, La Paz, (1998-2001)
* Presidente de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente, Usulután (2001-2003)
* Presidente de la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, Sonsonate (2003-2009)
¿Qué otros cargos ha ocupado?
* Magistrado Suplente, Cámara Tercera de lo Penal, San Salvador (1999…)
* Fiscal General de la Universidad de El Salvador (1991-1995)
* Presidente del Instituto de Estudios Jurídicos (2002-2005, 2005-2008)
* Magistrado Suplente de la Camara primera de lo Penal de San Salvador
FRANCISCO ELISEO ORTIZ RUIZ
Sonsonate, 10 de enero de 1945
Domicilio: Mejicanos, San Salvador
Cargo actual: Primer Magistrado, Cámara de la
Segunda Sección de Occidente, Sonsonate
¿Quién es?:
* Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador, 1976
* Abogado y Notario
* Catedrático de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador
Materias:
Ciencia Política
Teoría del Estado
* Asesor de Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas, Universidad de El Salvador
Áreas:
Derecho Constitucional
Derecho Procesal Constitucional
Derecho Penal
Derecho Procesal Penal
¿Cuál es su experiencia judicial?
* Juez de Primera Instancia, Armenia, Sonsonate (1995-1998)
* Presidente del Tribunal de Sentencia, Zacatecoluca, La Paz, (1998-2001)
* Presidente de la Cámara de la Segunda Sección de Oriente, Usulután (2001-2003)
* Presidente de la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, Sonsonate (2003-2009)
¿Qué otros cargos ha ocupado?
* Magistrado Suplente, Cámara Tercera de lo Penal, San Salvador (1999…)
* Fiscal General de la Universidad de El Salvador (1991-1995)
* Presidente del Instituto de Estudios Jurídicos (2002-2005, 2005-2008)
* Magistrado Suplente de la Camara primera de lo Penal de San Salvador
-Consultor del PNUD para la Investigación sobre “Reforma y Modernización de la Administración de Justicia, publicada en El Estado de la Nación en Desarrollo Humano, 1999
-Integrante de la Mesa No. 9 “La Profundización de la Reforma del Sistema Judicial”,Consulta Especializada, Bases para El Plan de Nación, 1998
- Capacitador en el Área Civil, Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura
- Directivo de la Fundación “Tendencias”
-Representante del IEJES ante la Unidad Técnico Ejecutiva de la Coordinación Institucional del Sector de Justicia
-Director del Programa Académico del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES
-Director del Proyecto de Reforma a la Legislación Salvadoreña del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES
-Director del Proyecto de Informática Jurídica del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador IEJES
-Miembro del Consejo Editorial del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador IEJES
-Director de Capacitación del Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales, CECARI, México, 1985-1989
-Asesor Jurídico y Metodológico de Trabajos de Investigación y Graduación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, UES
-Director del Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador
-Director de Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Evangélica de El Salvador
-Asesor Jurídico del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
-Catedrático de la Universidad de El Salvador (UES)
-Vicepresidente del IEJES (1992 – 1993; 1999 – 2002)
¿Qué otras experiencias tiene?
* Candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1994,2006)
* Candidato a Fiscal General de la República (2000, 2006)
¿Cuál es su especialidad jurídica?
* Derecho Constitucional
* Derecho Procesal Penal
* Metodología de la Investigación Jurídica
¿Qué libros ha publicado?
* “La Reforma Judicial en El Salvador”; Fundación Ebert, 1997
* “Guía Metodológica para el Desarrollo de un Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas”, Universidad de El Salvador”, 1999
* “La Reforma Política en El Salvador”, Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, 2004
* “El Salvador 1998-2008: Autoritarismo y Contra reforma Penal”, Universidad de El Salvador, 2008
¿A que asociaciones gremiales pertenece?
* Unión de Jueces Democráticos de la Región Occidental (UJDRO)
* Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES)
* Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador (ADESAL)
-Integrante de la Mesa No. 9 “La Profundización de la Reforma del Sistema Judicial”,Consulta Especializada, Bases para El Plan de Nación, 1998
- Capacitador en el Área Civil, Escuela de Capacitación Judicial, Consejo Nacional de la Judicatura
- Directivo de la Fundación “Tendencias”
-Representante del IEJES ante la Unidad Técnico Ejecutiva de la Coordinación Institucional del Sector de Justicia
-Director del Programa Académico del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES
-Director del Proyecto de Reforma a la Legislación Salvadoreña del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES
-Director del Proyecto de Informática Jurídica del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador IEJES
-Miembro del Consejo Editorial del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador IEJES
-Director de Capacitación del Centro de Estudios Centroamericanos de Relaciones Internacionales, CECARI, México, 1985-1989
-Asesor Jurídico y Metodológico de Trabajos de Investigación y Graduación de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, UES
-Director del Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador
-Director de Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Evangélica de El Salvador
-Asesor Jurídico del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA)
-Catedrático de la Universidad de El Salvador (UES)
-Vicepresidente del IEJES (1992 – 1993; 1999 – 2002)
¿Qué otras experiencias tiene?
* Candidato a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1994,2006)
* Candidato a Fiscal General de la República (2000, 2006)
¿Cuál es su especialidad jurídica?
* Derecho Constitucional
* Derecho Procesal Penal
* Metodología de la Investigación Jurídica
¿Qué libros ha publicado?
* “La Reforma Judicial en El Salvador”; Fundación Ebert, 1997
* “Guía Metodológica para el Desarrollo de un Seminario de Graduación en Ciencias Jurídicas”, Universidad de El Salvador”, 1999
* “La Reforma Política en El Salvador”, Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, 2004
* “El Salvador 1998-2008: Autoritarismo y Contra reforma Penal”, Universidad de El Salvador, 2008
¿A que asociaciones gremiales pertenece?
* Unión de Jueces Democráticos de la Región Occidental (UJDRO)
* Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES)
* Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador (ADESAL)
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