LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

LA ELECCION DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Una oportunidad para avanzar en la democratización de la Administración de Justicia en El Salvador.


La Corte Suprema de Justicia y, en general, el Órgano Judicial son de las instituciones del Estado peor evaluadas por la opinión pública. Esta percepción negativa tiene su base objetiva en la existencia de problemas de larga data y que el proceso de modernización judicial, que arranca con la Constitución de 1983 y que se dinamiza con los Acuerdos de Paz de 1992, aún no logra superar.

La renovación de la tercera parte de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2009-2018 y cuya elección por la Asamblea Legislativa tendrá que hacerse antes del 30 de junio de este año, es una valiosa oportunidad para que los abogados de la República contribuyan a la solución de esos problemas, pues les corresponde elegir quince de los treinta candidatos a proponer y dentro de los cuales, junto con los otros quince que designará directamente el Consejo Nacional de la Judicatura, ese Órgano deberá escoger por votación calificada a cinco Magistrados propietarios y a cinco suplentes, quienes deberían ser las personas más calificadas jurídica y éticamente para ocupar con dignidad la máxima judicatura.

La Corte Suprema de Justicia y en lo particular los nuevos Magistrados, deberán comprometerse a enfrentar con valentía, por lo menos, seis retos que, según nuestro criterio, expresan carencias injustificables de la Administración de Justicia y que hacen de ésta un servicio público poco eficiente y confiable. Estos retos son:

1.- Recuperar la independencia judicial, especialmente la externa, entendida como un derecho del justiciable y la base de la imparcialidad del Juez, que en los últimos años ha sido reducida considerablemente por la intromisión del Órgano Ejecutivo y de poderes fácticos como el económico y el mediático.
2.- Combatir el trafico de influencias y aquellas otras conductas que afectan la probidad de los Jueces y Magistrados y que terminan por lesionar la imparcialidad judicial y la igualdad ante la ley y la justicia, lo mismo que los intereses legítimos de los abogados litigantes que actúan conforme a Derecho y ejercen su profesión de manera honesta.

3. Garantizar el acceso a una pronta y cumplida justicia. Esto exigirá acercar este servicio a todos los habitantes de la República en áreas como la agroambiental y la contencioso administrativa, creando los tribunales competentes; también demandará aprobar la Ley Procesal Constitucional, eliminar la mora judicial en áreas como la civil y la mercantil y en materia de casación penal y civil; asimismo redistribuir la competencia territorial de los diferentes tribunales; y asegurar el estricto cumplimiento de los plazos procesales.

4.- Garantizar la igualdad ante la justicia; para ello se hace indispensable eliminar las diferenciaciones arbitrarias o no razonables y los tratamientos preferenciales debido a influencias políticas, dádivas económicas, amistad, vínculos familiares y otros criterios similares.

5.- Garantizar la probidad, imparcialidad y consistencia jurídica de los fallos pronunciados por las distintas Salas de la Corte Suprema de Justicia, lo cual se debe expresar en su debida fundamentación y en su apego a la Constitución y a la Ley.

6.- Crear un escalafón judicial y administrativo para Magistrados, Jueces, Colaboradores y empleados en general, con base en méritos de tiempo, trabajo y estudio, para evitar que la promoción del personal tenga como base el amiguismo y el tráfico de influencias, lo cual, como es obvio, socava la independencia judicial y la eficiencia en la prestación del servicio de justicia.

De la envergadura de los retos anteriores puede deducirse con facilidad el perfil del profesional del Derecho que deberá ser electo para ocupar tan honroso y delicado cargo. Este perfil debe comprender los requisitos que exige el Art. 176 Cn., así como otros que se derivan de la naturaleza de la función jurisdiccional; el cumplimiento de los requisitos de “moralidad y competencia notorias” deben establecerse mediante indicadores verificables, de tal manera de que no quede mayor duda de que el candidato o candidata los reúne efectivamente. El perfil exigible debe comprender los siguientes rubros:

* La competencia jurídica:
- Estudios y formación (especialmente en áreas como la constitucional y los derechos humanos)
- Experiencia judicial
- Historial académico

* La proyección profesional:
- Conferencias dictadas ( sobre temas jurídicos y afines )
- Publicaciones (libros, artículos, etc.)
- Docencia superior ( cursos, seminarios, etc.)

*Independencia e Imparcialidad:
- Record judicial
- Ejecutorias y actuaciones públicas
- Declaraciones públicas
- Equilibrio emocional
- Entereza de ánimo
- Independencia de criterio
- Compromisos profesionales
- Compromisos partidarios

* Probidad:
- Record judicial
- Record profesional
- Record fiscal
- Record familiar
- Vida pública y privada
- Antecedentes judiciales y policiales





Francisco Eliseo Ortiz Ruiz